En una medida que ha generado profunda alerta en el mundo civil, se confirmó que el Ejecutivo no destinó financiamiento para la realización presencial de la Primera Encuesta Nacional de Diversidades, la cual estaba a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El proyecto, que había tenido una fase piloto de forma remota el año anterior, proyectaba para este 2026 un despliegue presencial en todo el país. Su objetivo era crucial: obtener por primera vez datos demográficos oficiales y estadísticamente representativos sobre las condiciones de vida, salud, educación y trabajo de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer en Chile.
La falta de datos oficiales ha sido históricamente una de las mayores barreras para la creación de políticas públicas efectivas y la asignación de recursos estatales para la comunidad LGBTIQ+. Sindicatos del INE y organizaciones sociales lamentaron la medida, advirtiendo que «lo que no se mide, no existe para el Estado», e hicieron un llamado al Ministerio de Hacienda a reponer los fondos necesarios para no estancar el avance de los derechos civiles en el país.