CIUDAD DE MÉXICO, México.Activistas trans, no binaries y mujeres trans adultas mayores sobrevivientes de la persecución estatal en los años setenta en México exigen la aprobación de la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, conocida también como Ley Integral Trans. La exigencia se sustenta en la recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que reconoce la violación sistémica de derechos básicos y la omisión legislativa para proteger a esta población frente a las violencias y la exclusión.
Luego de más de dos años de espera, el 24 de julio se realizó la primera mesa de diálogo con funcionarios del gobierno federal y de la Ciudad de México para encaminar la ley.
Las personas trans y no binaries que asistieron a la primera reunión están organizadas en el Frente Común Lupilla Xiu. Lleva el nombre en honor a Lupilla Xiu, una activista trans indígena que murió por falta de acceso a la salud frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) en septiembre de 2023.
Este diálogo fue posible después de una protesta en la calle que mantuvieron personas trans durante más de 20 días, en lo que se conoció como el plantón trans.
Durante esta primera mesa de diálogo las colectivas denunciaron que las condiciones materiales de vida no han mejorado para las personas trans y no binaries de México. Antes de entrar a la reunión mujeres trans recordaron que los transfeminicidios siguen ocurriendo, tantos como cuatro en una semana. Y demandaron la urgencia por garantizar derechos, el cese a la criminalización de la protesta y la reparación histórica a adultas mayores.
¿Qué es la recomendación 42/2024 y que exige al Estado mexicano?
La Recomendación 42/2024 surge tras quejas presentadas el 1 de febrero de 2024 por diversas organizaciones, entre ellas la colectiva Lleca, escuchando la calle, dedicada a dar albergue a personas trans en situación de calle. El documento menciona que hay una falta de armonización legislativa a nivel constitucional y que ésto limita los derechos a la salud, el trabajo, la vivienda y el acceso a la justicia de la población trans y no binarie.
La CNDH pide al Congreso de la Unión cuatro acciones legislativas fundamentales:
Reforma al Artículo 1 Constitucional para incluir la identidad de género como categoría protegida contra la discriminación. Hoy solo se menciona “preferencia sexual”.
Reforma al Artículo 73 Constitucional para facultar al Congreso federal a legislar en la materia y se garantice la Ley General Trans.
Tipificación del transfeminicidio como agravante del delito de feminicidio en el Código Penal Federal.
Reforma a la Ley Federal Discriminación para que se incluya la identidad de género y la transfobia, como categorías sospechosas de discriminación.
Aunque el Senado de la República aceptó la recomendación el 20 de marzo de 2024, solicitó una prórroga. Alega la necesidad de “consensos y acuerdos políticos”. Dos años después no hay avances.
“El Estado nos debe una reparación de daños”
Para las mujeres trans adultas mayores la Ley General Trans es “un milagro” y una deuda de reparación por décadas de represión policial, exclusión y violencia institucional. July, una de las sobrevivientes, contó a Presentes la brutalidad vivida durante el periodo de terrorismo de Estado, conocido como la “guerra sucia”, que sucedió entre 1964 y 1990.
En este tiempo políticos, militares y policías persiguieron, torturaron y desaparecieron a disidentes, guerrilleros, estudiantes, campesinos, docentes, trabajadoras sexuales y con mayor saña a mujeres trans. Así lo recabó el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), un grupo de expertes independientes que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad (CoVEH) para investigar los crímenes y el terrorismo de Estado de esas décadas.
“Claro que el Estado nos debe una reparación de daños porque nos perseguían, nos golpeaban, nos rapaban, nos violaban entre muchos. A algunas hasta las mataron y se las llevaban a tirar al río Tula. No era tan bonito que estuvieras de jotita en ese entonces y salieras a la calle. Te agarraban los de la DIP (División de Investigación para la Prevención del Delito) y nos hacían todo eso, aquí mismo, en los sótanos de Tlaxcoaque”.
Esta primera reunión se llevó a cabo en un edificio del gobierno a unos 150 metros de los sótanos que describe July.
Las sobrevivientes de esa violencia de Estado eran unas adolescentes que empezaban a vivir su identidad. La exclusión familiar, y por ende del sistema educativo y laboral forzó a estas generaciones a ejercer el trabajo sexual. Así garantizaban sus ingresos y podían inyectarse sustancias modelantes y cirugías con personas no profesionales o entre ellas mismas, con las amigas.
Hoy algunas de estas mujeres trans adultas mayores viven con dolor, incapacidad para caminar, experimentan necrosis en la piel o han sufrido trombosis como consecuencia de la ausencia del derecho a la salud desde jóvenes.
Transmasculinidades y no binaries presentes
Cain Villanueva, representante del Archivo de la Memoria Transmasculina México, participó en la mesa de diálogo y denunció la falta de avances reales. En entrevista con Presentes, contó que hizo hincapié en el acceso y las lagunas que experimentan las personas no binaries sobre el reconocimiento de su identidad jurídica, y sobre la falta de conocimiento y entendimiento de las personas transmasculinas y sus derechos sexuales y reproductivos.
“Hice un llamado a que se tome en cuenta las necesidades específicas de esta población, básicamente sobre justicia reproductiva, ILE (Interrupción Legal del Embarazo), acceso a planificación familiar o apoyo a quienes sí decidan gestar y paternar. Con respecto a las personas no binarias se alzan el cuello diciendo que el trámite existe, pero no se ha podido subsanar la homologación. Aún hay muchas trabas”, explicó.
En la mayoría de los estados del país no hay una reforma federal que reconozca el derecho a la identidad de las personas ni binaries y en donde sí hay se enfrentan con obstáculos. Muchas personas no binaries aunque tengan un acta de nacimiento que les reconoce viven en lagunas que les impide el acceso a otros derechos.
La urgencia de una representación nacional
El Frente Común Lupilla Xiu denunció el centralismo de esta reunión y las limitaciones de las autoridades para el número de personas asistentes. Solo dejaron pasar a siete: una persona transmasculina, dos personas no binaries y cuatro mujeres trans, entre ellas una mujer adulta mayor sobreviviente del terrorismo de Estado.
La recomendación 42/2024 es de alcance federal pero durante la mesa de diálogo las autoridades “pusieron excusas, prefieren atender caso por caso como una estrategia para desmovilizarnos y no atender esto como lo que es, un problema sistémico y estructural”, explicó Villanueva.
“Estuvimos personas que accionamos desde la Ciudad de México pero esta es una recomendación a nivel nacionaly muchas veces hay mucha dificultad para el avance de los derechos de las personas trans porque alegan que es competencia estatal. Nosotros tenemos la oportunidad porque estamos aquí, pero tiene que abrirse a la mayor cantidad de voces y experiencias de toda la república para entender las necesidades de la población de la mejor manera”, agregó.
“Es vil la falta de memoria frente a una sobreviviente”
El encuentro con los funcionarios César Cravioto, secretario de gobierno y Arturo Medina, subsecretario de derechos humanos, estuvo marcado por cierta tensión en cuanto a las formas en cómo se llegó a esta primera reunión entre personas trans y las autoridades para avanzar en la Ley Integral Trans.
“Ellos (las autoridades) recurrieron a la criminalización para evadir su responsabilidad.Hicieron hincapié en que ‘no son las formas’, literalmente nos dijeron ‘nosotros logramos cambios sin romper un solo vidrio’. Nosotres hicimos hincapié en que no deben criminalizar la protesta, principalmente cuando llevamos más de dos años de espera. Incluso cuestionaron la existencia de torturas de los años del terrorismo de Estado. La señora Verónica se levantó la ropa para mostrar sus cicatrices y decir ¿cómo que no hubo torturas?. Innegable. Y es vil la falta de memoria que tienen, además frente a una sobreviviente”, recuerda Villanueva.
Los acuerdos de esta reunión y la ausencia de la CNDH
Victoria Sámano, de la colectiva Lleca, entregó un pliego petitorio con demandas inmediatas. En él se pide la apertura de espacios de esparcimiento que están dando empleo a mujeres trans en situación de calle, el cese a la criminalización de activistas, y específicamente por el caso de Razzia Santillán, quien tiene una demanda federal por 200 mil pesos por protestar en la Cineteca Nacional luego de vivir un acto de discriminación en los baños.
Además, habrá una reunión para activar el apoyo a trabajadoras sexuales de calzada de Tlalpan que fueron excluidas de programas sociales por protestar contra el mundial de futbol que las desplazó de sus puntos de trabajo.
También se acordó que el siguiente año deberán estar encaminados los expedientes de la reparación del daño a las mujeres trans adultas mayores sobrevivientes del terrorismo de Estado.
Finalmente, Sámano denunció la ausencia de la CNDH en la reunión, pese a ser el organismo que emitió la recomendación para la Ley IntegralTrans.
Ante la ausencia, se acordó una reunión el viernes 7 de agosto en las instalaciones de la CNDH para revisar el incumplimiento de la recomendación 42/2024 y exigir que Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo, esté presente y atienda a la población trans y nb.
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