Un duro golpe a la protección de las infancias y juventudes diversas se consumó en el Congreso Nacional. Durante la tramitación del nuevo proyecto de Ley de Convivencia Escolar, el Senado rechazó —con los votos en bloque de las bancadas conservadoras— la inclusión de un artículo clave que prohibía explícitamente la discriminación hacia grupos vulnerables en los recintos educativos.
La indicación buscaba garantizar de forma legal que ningún estudiante sufriera hostigamiento o bullying por motivos de etnia, nacionalidad, orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, la medida fue excluida, desatando la indignación de madres, padres y activistas.
«Nos han vuelto a fallar», declararon familiares de víctimas de acoso escolar transfóbico y homofóbico, recordando casos emblemáticos que impulsaron estas exigencias. Parlamentarios que apoyaban la medida criticaron duramente la decisión, señalando que invisibilizar a las disidencias en la ley de convivencia es cerrar los ojos ante las altas tasas de violencia que aún enfrentan los estudiantes LGBTIQ+ en el sistema educativo chileno.